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Nuestro equipo de Derecho Penal Económico y Compliance ha elaborado una Nota de Actualidad sobre la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La principal novedad de esta norma es la obligación, para las personas físicas o jurídicas que cuenten con al menos 50 trabajadores, para todas las entidades del sector público y para otras entidades previstas en la Ley, de contar con un canal de denuncias y un sistema de gestión de la información recibida a través del mismo, con los requisitos que determina la Ley. Esta obligación será exigible, como regla general, antes del 13 de junio de 2023.
Se prevé un severo régimen sancionador para el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, que en los casos más graves puede conllevar la imposición de multas de hasta un millón de euros o la prohibición de disfrutar de beneficios fiscales o subvenciones públicas o de contratar con el sector público.